Colombia necesita nueva generación eléctrica para responder al crecimiento de la demanda y fortalecer la confiabilidad del sistema. Sin embargo, identificar un buen lugar para desarrollar un proyecto no basta. Incluso después de obtener capacidad de conexión quedan decisiones sobre suelo, estudios, permisos, financiación, construcción y energización. Nuestra propuesta se ocupa de ese recorrido completo: ¿cómo hacemos para que una oportunidad viable se convierta efectivamente en energía disponible?
El ordenamiento territorial es parte de la respuesta
Los planes de ordenamiento territorial —POT, PBOT y EOT— establecen las reglas de uso del suelo en los municipios. Pueden admitir, condicionar o restringir determinadas actividades. Algunas de esas reglas fueron concebidas cuando la generación renovable aún no tenía la presencia que tiene hoy; otras han sido revisadas, pero no necesariamente incorporan la infraestructura energética disponible o proyectada. Así, un área con recurso, cercanía a la red y demanda puede ofrecer una oportunidad técnica y, al mismo tiempo, enfrentar una incompatibilidad territorial.
No proponemos desconocer la vocación productiva del suelo ni reducir la protección ambiental. El punto de partida es identificar qué interés protege cada restricción y estudiar si un proyecto concreto lo afecta, si puede coexistir con otros usos y qué condiciones serían necesarias. Hay zonas que deben permanecer excluidas; hay otras donde podría estudiarse una ocupación limitada, medidas de manejo o actividades compatibles.
Dos horizontes de trabajo
En el corto plazo, proponemos identificar proyectos capaces de entrar en operación oportunamente y resolver, dentro de las competencias existentes, las barreras que sí puedan superarse. Esa búsqueda debe incluir proyectos en desarrollo, solicitudes de conexión, capacidad asignada, iniciativas pendientes de permisos o energización y casos rechazados por obstáculos subsanables. El tamaño en megavatios no debería ser el único criterio: importan el avance verificable, el tiempo restante, las condiciones de la red y la posibilidad real de construir.
A mediano y largo plazo, la planeación energética debe dialogar desde el inicio con la formulación, revisión y modificación de los instrumentos territoriales. Un plan que regirá durante años no debería pasar por alto las redes existentes, las expansiones previstas y las actividades asociadas a la transición energética.
Dónde concentrar los esfuerzos
Proponemos cruzar información de subestaciones y redes, proyectos en distintas etapas, necesidades del sistema y proximidad a la demanda con las reglas territoriales, la vocación agrícola, las determinantes ambientales y las áreas protegidas. Así se podrían reconocer municipios donde hay una oportunidad eléctrica significativa y una restricción local que impide aprovecharla. La prioridad no debe limitarse a municipios con menos capacidad institucional: también puede haber oportunidades estratégicas bloqueadas en territorios con equipos técnicos consolidados.
La generación distribuida y los proyectos de menor escala merecen atención específica en esta ruta. Pueden estar cerca de los centros de consumo y, según el caso, recorrer etapas distintas de las de un proyecto de gran escala. Para acelerar su entrada no basta con reservar capacidad de red: hay que atender la evaluación territorial, los permisos que correspondan y la capacidad de las autoridades encargadas de tramitarlos.
Una ruta técnica y jurídica para cada barrera
Cuando el obstáculo principal sea una disposición municipal de uso del suelo, proponemos una evaluación ordenada: localizar la norma aplicable, determinar su propósito, estudiar el impacto real del proyecto y definir si existe un mecanismo jurídico para ajustar o armonizar esa regla. Debe distinguirse expresamente entre restricciones ambientales de superior jerarquía —que esta propuesta no busca flexibilizar— y restricciones del propio instrumento municipal que puedan revisarse conforme al procedimiento aplicable.
Para que cada municipio no tenga que empezar de cero, planteamos elaborar lineamientos nacionales sobre compatibilidad y coexistencia. La evaluación debería diferenciar tecnología, capacidad, superficie ocupada, porcentaje del predio intervenido y efecto material sobre su uso principal. En suelo agrícola o pecuario, por ejemplo, la pregunta no debería resolverse con una incompatibilidad automática ni con una autorización automática: hay que examinar los usos existentes y las condiciones concretas del lugar.
Municipios acompañados, no sustituidos
La revisión de un POT, PBOT o EOT exige estudios, cartografía, justificación, participación, concertación cuando proceda y decisiones de las autoridades competentes. El alcalde y el concejo municipal tienen funciones que no pueden omitirse. Proponemos ofrecer asistencia técnica y jurídica focalizada para que los municipios estratégicos cuenten con información energética, agrícola y ambiental útil al tomar estas decisiones. Las corporaciones ambientales también requieren capacidad suficiente para estudiar oportunamente los permisos de los proyectos que correspondan.
Esta asistencia debe ayudar tanto a resolver barreras actuales como a incorporar la variable energética en futuras decisiones de ordenamiento: redes y expansiones, recurso disponible, agua, actividades económicas, protección ambiental y posibilidades de coexistencia. El objetivo es que las oportunidades y las limitaciones aparezcan en el diagnóstico territorial antes de que un proyecto invierta años intentando resolverlas.
Qué hacer con los proyectos estratégicos
También proponemos evaluar, mediante un análisis jurídico específico y en el debate del Plan Nacional de Desarrollo, si se necesitan mecanismos excepcionales de articulación para proyectos o áreas cuya incorporación sea prioritaria para el sistema eléctrico. Esa evaluación debe precisar criterios objetivos, procedimiento y relación con la autonomía municipal y las determinantes ambientales. No estamos afirmando que una declaratoria de utilidad pública vuelva automáticamente inaplicable cualquier POT a un proyecto privado: precisamente esa relación necesita claridad normativa y seguridad jurídica.
Una herramienta común y una responsabilidad compartida
Un Mapa Nacional de Oportunidades Energéticas y Restricciones Territoriales podría reunir capacidad de red actual y futura, proyectos, usos del suelo, frontera agrícola, protección ambiental, recurso renovable y cercanía a la demanda. Serviría para detectar conflictos temprano y orientar inversiones y asistencia técnica. La información solo será útil si las entidades que la producen la mantienen actualizada y si su lectura conduce a decisiones concretas.
Cómo llevar la propuesta a una hoja de ruta
La primera pieza sería un programa permanente de coordinación entre planeación energética y ordenamiento territorial, con responsables, datos compartidos y prioridades revisables. El mapa nacional sería su instrumento de diagnóstico, no un inventario estático: tendría que permitir reconocer dónde hay capacidad, qué proyectos están avanzados, qué barreras existen y qué decisiones faltan para su ejecución.
Una segunda pieza serían criterios técnicos para estudiar compatibilidad de usos y posibles formas de coexistencia. Deben servir tanto para los proyectos actuales como para las futuras revisiones de los planes municipales, sin reemplazar sus estudios particulares. La tercera sería una ruta jurídica y técnica para examinar barreras en POT, PBOT y EOT: identificar la disposición, justificar cualquier modificación, producir cartografía y estudios, cumplir la concertación y la participación que correspondan y llevar la decisión ante la autoridad competente.
Finalmente, proponemos asistencia focalizada a municipios y autoridades ambientales, así como una evaluación separada de los instrumentos excepcionales aplicables a oportunidades verdaderamente estratégicas. No toda restricción se resuelve modificando un plan ni todo proyecto merece una vía especial. Una priorización seria debe mostrar el beneficio energético esperado, la posibilidad de entrada oportuna, los efectos territoriales y las razones para usar cada mecanismo.
La propuesta requiere coordinación entre el DNP, MinEnergía, MinVivienda, MinAmbiente, MinAgricultura, la UPME, las autoridades ambientales, las alcaldías y los concejos municipales, cada uno dentro de su competencia. El resultado que buscamos no es sumar proyectos anunciados en un mapa: es acortar la distancia entre una oportunidad de generación y un proyecto conectado, construido y operando, con reglas claras para el territorio.
Esta es una propuesta de Andes Energy para discusión pública; no anuncia cambios normativos aprobados ni reemplaza la evaluación técnica, ambiental o jurídica de un proyecto particular.